El 2 de enero de 2009, la Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural Subacuático entró en vigor para los primeros 20 Estados que decidieron convertirse en parte de ella. La CPUCH puede verse como una defensa razonable contra el régimen desastroso sobre patrimonio cultural subacuático establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (CNUDM; Montego Bay, 1982). De hecho, la Convención permite un régimen de "libertad de pesca" en la que los Estado que tiene un vínculo cultural con los objetos no pueden impedir el saqueo de su patrimonio histórico. La imagen es agravada por la referencia en la Convención "la ley de rescate" y otras normas del Almirantazgo que han sido destinadas por los tribunales de Estados Unidos en el sentido de la aplicación de un enfoque de que el que primero llega primero se sirve en muchos casos relacionado con el patrimonio cultural subacuático. Las herramientas básicas de defensa en el CPUCH son la eliminación de los efectos indeseables de la ley de salvamento y hallazgos, la exclusión del enfoque de llegada primero servido primero y el fortalecimiento de la cooperación regional