Una frágil configuración de lo público va de la mano en Colombia con formas múltiples de marginalidad, discriminación, segregación y exclusión en diferentes planos de la sociedad, que nos indican que las formas societales de gestión de los asuntos públicos son igualmente precarias: el incremento de los índices de pobreza e indigencia en los últimos años en ciudades y campos; la desigualdad en el acceso y el disfrute de los bienes y servicios producidos por el crecimiento económico; la discriminación de que son víctimas las minorías socio-raciales, las mujeres, los ancianos, los discapacitados y los niños; la segregación socio-espacial característica de nuestras ciudades, etc. Las relaciones sociales carecen, además, de mecanismos de regulación y de mediación hasta el punto de que las confrontaciones quedan abocadas a su propia suerte, como es el caso por excelencia de una violencia que, a pesar de su omnipresencia durante los últimos cincuenta años, no ha significado necesariamente la ruptura del orden institucional sino, por el contrario, ha llegado a constituir incluso un factor de estructuración de las relaciones sociales y políticas.