El artículo presenta de manera novedosa la disyuntiva en que la Constitución de 1991 colocó a los grupos indígenas al ofrecer un piso legal para que el Estado impusiera sobre ellos su propia agenda política. A través de la participación directa de las comunidades indígenas en la administración de políticas y recursos estatales, el Estado ha intentado asegurar su hegemonía política entre las comunidades indígenas, las cuales, cada vez con mayor fuerza, reproducen el lenguaje y los mecanismos que el Estado les pone a su disposición para ejercer el derecho a la diferencia. En este artículo el autor hace un recuento etnográfico sobre los procesos de discusión emprendidos por indígenas muinane de diferentes comunidades del Caquetá medio alrededor de las implicaciones que tiene la creciente penetración de los discursos 'la palabra' de los 'blancos' en el 'debilitamiento del conocimiento propio' y aporta elementos para una discusión sobre el estatus del conocimiento indígena frente al conocimiento occidental en el contexto del pretendido reconocimiento a la diversidad cultural que se propone la Constitución.