Analiza la relación entre la economía política oaxaqueña y las normas que reconocen los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas de la entidad. Desde una posición crítica se establece que el actual esquema de reconocimiento va un paso atrás respecto a la dinámica social, pues su propuesta tiende a la formalización del esquema de relación corporativista que a lo largo del siglo XX configuraron las comunidades indígenas de Oaxaca y el gobierno estatal
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