Hacia mediados de los años ochenta, los acuerdos preferenciales tendentes a alentar el comercio intrarregional no concitaban mayor interés entre los gobiernos y los gremios privados de la región. En primer término, persistía la noción de que eran más propicios a la industrialización sustitutiva de importaciones que al esfuerzo exportador. En segundo lugar, para América Latina y el Caribe en conjunto, el mercado regional era limitado, en comparación con el de las principales economías de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y de bajo o nulo crecimiento. Eso explica, en parte, que se concentraran los esfuerzos en acceder a los mercados de gran envergadura y dinamismo mediante la aplicación de un conjunto de políticas internas que incluían, de manera prominente, la liberación comercial y un tipo de cambio real alto
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